mayo 28, 2025
En el contexto del evento académico Cotorreo Científico, organizado por el Observatorio Territorial Multidisciplinario (OTM) de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), el 28 de mayo, se llevó a cabo en el auditorio de la carrera de derecho un ejercicio de análisis crítico sobre el proyecto de Ley Económica Urgente para Desarticular la Economía Criminal, actualmente en conocimiento de la Asamblea Nacional.
Dicho espacio contó con la participación de las estudiantes Angilei Proaño, de la carrera de Derecho, y Aslie Moreira, de la carrera de Economía, así como del docente Dr. Luis Cedeño. El evento fue moderado por el sociólogo Wilmer Suárez, director del OTM.
Durante sus intervenciones, las participantes señalaron preocupaciones sustanciales en relación con el contenido y alcance del proyecto legislativo. La estudiante Proaño manifestó que varios artículos, particularmente el Artículo 4, podrían interpretarse como una institucionalización de medidas de carácter represivo, lo que desnaturalizaría el objetivo declarado de reactivación económica y combate estructural al crimen organizado. En este sentido, enfatizó que es necesario priorizar políticas públicas orientadas a la inversión social y al fortalecimiento del tejido productivo nacional.
Por su parte, la estudiante Moreira expresó que, de los diez aspectos más relevantes del texto legal, únicamente tres tendrían un enfoque explícitamente económico, mientras que el resto priorizaría una aproximación penalista, con énfasis en mecanismos de decomiso, control financiero y reforma a tipos penales, lo que podría traducirse en un desplazamiento del eje económico hacia un enfoque meramente punitivo.
El Dr. Cedeño coincidió con este diagnóstico, destacando que aproximadamente un 70% del articulado se relaciona con reformas de naturaleza penal, mientras que solo el 30% abordaría aspectos económicos de forma concreta. Señaló también la ausencia de un proceso técnico de socialización y consulta pública con actores clave de la economía, la academia, la sociedad civil y los gremios productivos, lo que limita la legitimidad y viabilidad del proyecto.
Cabe recordar que el proyecto en cuestión contempla mecanismos como la extinción de dominio sin sentencia penal previa, el registro de beneficiarios finales de bienes y empresas, y la creación de un fondo de bienes recuperados, entre otros elementos, los cuales, aunque dirigidos a combatir estructuras criminales, requieren un análisis profundo desde la óptica de los derechos, el debido proceso y la sostenibilidad económica.
Finalmente, los intervinientes propusieron que, dada la trascendencia y complejidad del proyecto, se debió convocar a mesas de diálogo intersectoriales para que se impulse una discusión técnica y plural que permita articular una norma robusta, eficaz y respetuosa del orden constitucional, que contribuya tanto al saneamiento institucional como a la dinamización de la economía formal del país.
Por: Patricio Ramos. Mgtr